La Cordillera

 EDITORIAL

 La Cordillera

 

Un puñado de días atrás -o quizá un par de semanas, dependiendo de cuándo leas esta nota- nuestra querida Avenida 9 de Julio, arteria que corta al medio nuestro barrio fue escenario de otro “conflicto”. Me detengo un segundo y pienso en eso de que “corta al medio”. ¿Cuántas veces hemos oído decir que es algo así como “la Cordillera de Los Andes” o un gran Río que divide Montserrat Este de Monsterrat Oeste? Muchas. O no, quizás no. Pero es una gran divisoria de aguas de un barrio cuya fisonomía cambia mucho.

De un sector, nos encontramos con una zona “barrio”, de Belgrano para Independencia, con un Mercado como el de San Cristóbal en uno de sus vértices. De Belgrano para el norte, pocas casas, más edificios y mucha oficina, paisaje que se repite de cara a San Nicolás. Del otro lado de la cordillera, en el vértice opuesto al del Mercado, la Plaza de Mayo. La Plaza del pueblo. La plaza de las grandes concentraciones, la plaza donde se han celebrado cientos de cosas, donde también se va a reclamar.

Eso. Reclamos. Vuelvo a la 9 de Julio y, perdón la digresión. Bien comentaba que días atrás, la avenida más ancha del mundo fue noticia ya que frente al Ministerio de Desarrollo Social se concentraron miles de personas en función de una serie de reclamos en torno a la situación económica, a pedidos expresos a esa cartera del estado que es la que se encarga de “los planes sociales”, entre otras cosas. Salió en todos lados, seguro lo viste o leíste al respecto.

No obstante, el tema central no fue ese, sino que a posteriori, el Jefe de Gobierno porteño inauguró nuevamente el debate acerca de los cortes en las calles: la libre circulación de los vecinos y vecinas de bien, “los que eligen trabajar” y no “cobrar un plan”. Como si tener que solicitar un plan social como medio de subsistencia fuera una elección; como si el trabajo, fuente mayor de dignidad para la clase social columna vertebral de los grandes cambios en nuestra historia, no fuera sinónimo de ordenador de la vida de las personas.

Parece obvio, pero evidentemente no lo es; un trabajo registrado trae consigo derechos básicos y elementales: vacaciones pagas, aguinaldo, obra social, cobertura contra riesgos de trabajo, jornada medida en horas que va contra la explotación. Derechos adquiridos, que costaron mucho, de hecho. No obstante, la situación económica, política y social no es la mejor. Una pandemia a cuestas, el deterioro del aparato productivo durante los años de Macri, la intervención directa del Fondo Monetario Internacional y una cartera económica nacional que debiera intervenir más fuertemente de cara a los más vulnerables genera el caldo de cultivo para que parte de los sectores más sufridos reclamen. Y la pregunta no deja de ser menos válida que en otros momentos: ¿hasta el derecho a reclamar a los más pobres les vamos a quitar? Según el Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, “habría que sacarle los planes a quienes corten la calle”. Así, de una. Corta la bocha: “el que no trabaje y corte la calle”, le sacamos su única fuente de ingreso, “el plan”. Sin importar, lo cortamos.

Recorte. Aunque el reclamo sea legítimo, aunque incluso, no esté de acuerdo quien suscribe estas líneas con la metodología. Ahora bien, ¿ese es el debate que nos proponen? Más y mejor trabajo, mejorar la distribución del ingreso y la calidad de vida de nuestros compatriotas debiera ser el eje. No la meritocracia. No la cuestión de “no trabajan por que no quieren”. Va de la mano con el “se embarazan por un plan” o “se jubilaron sin aportar” cuando sabemos que el círculo virtuoso de la economía y el sistema de recaudación de impuestos del Estado Nacional generan el colchón para generar escenarios lo más equitativos posibles, aunque a veces no se llegue.

Quizás nos quedemos cortos en estas líneas, quizás tampoco nos promuevan un análisis muy exhaustivo. Quizás también, nos fuimos por las ramas. Comenzamos hablando de la 9 de julio como divisoria de aguas de un barrio cuando en realidad el punto era la manifestación con acampe de varios días. Ahora bien, esa divisoria de aguas debe quedar en cuestión de límites. Límites que no podemos cruzar. El derecho a huelga, el derecho a reclamar por lo que consideramos justo no puede estar atravesado por la criminalización de la protesta social. Son debates ya saldados o, al menos deberían. No podemos quitarle a los que menos tienen, lo único que les queda. Ese derecho a reclamar. Y ojo, porque nosotrxs también caminamos las calles del barrio y tenemos derecho a poder transitar en tranquilidad: llegar a la escuela, al trabajo, a la iglesia, a la plaza. Pero la discusión es más profunda pues, ¿Quiénes somos para señalar con el dedo al pobre, amenazando con el hecho de quitarles lo poco que tienen? Entonces, la divisoria de aguas, evidentemente, separa otras cosas.