EDITORIAL

Diciembre 

Después de un año tan duro, desde nuestro equipo de redacción habíamos tomado la decisión de no salir en diciembre. Por el trajín de este 2023 súper intenso, y también por qué no, por los costos de impresión. Era intención descansar unos días para en enero volver a tomar impulso y encarar el 2024 que se viene, con todo.

Pero las circunstancias ameritan que, al menos podamos esgrimir algunas líneas. La asunción del nuevo Presidente de la República Argentina, Javier Milei, trajo consigo al menos tres posturas: la esperanza, la indiferencia y, el rechazo o preocupación. Para el campo de la cultura y la comunicación, lo que es nuestra especificidad, después de las promesas de campaña, más allá de nuestra presunción de objetividad, a priori, nos ubicaba en el casillero de la preocupación.

El achicamiento del estado, el desfinanciamiento en materia de distintas políticas públicas y, sobre todo, la desregulación para la intromisión del mercado en donde la oferta y la demanda son los factores que van a imperar de ahora en más, para una publicación periodística de carácter mensual, gratuita y en papel como la nuestra, pone en jaque la supervivencia. Y ojo, no recibimos esa famosa “pauta” de la que tanto se habla. No. El Tambor sale gracias al aporte de nuestros suscriptores, de algunos comercios del barrio y por quienes nos dedicamos a escribir, pensar, diseñar y distribuir este humilde periódico.

Las razones de la preocupación son bastantes, más allá de que en un principio serían dos. Pero dos que son muy grandes: un DNU y un proyecto de ley que prácticamente ofician de reforma constitucional pretendiendo cambiar las bases de lo que conocemos hasta hoy en nuestro país. Desde la implementación del uso de toga y martillo para jueces en un juicio por jurado hasta la eliminación o desfinanciamiento del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, del INAMU, el pase a disponibilidad de privatización de una decena de empresas u organismos descentralizados del Estado Nacional.  “Todo lo que tenga que ser del estado no permanecerá en manos del estado”, pareciera que estamos en un loop. Pero eso es del proyecto de ley. Volvamos al DNU.

Podemos ser más específicos a nuestro rubro: se deroga la ley 26736 que impedía monopolizar la compra del papel de diario; esto afectará directamente la libertad de expresión.

Y la lista sigue: se eliminan los topes al interés por demora en el pago de la tarjeta de crédito, se abren las importaciones libremente; se va en contra de los derechos de los trabajadores recortando las indemnizaciones, se eliminan las multas por trabajo no registrado, se limita el derecho a huelga, se elimina la cuenta sueldo gratuita. Se eliminan los subsidios en materia energética y al transporte público; se desregulan los aranceles de las prepagas –lo que implican aumentos del 40% para enero. Se deroga la ley de tierras y la de promoción industrial; se elimina el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, retirando el financiamiento prescripto para la promoción estatal de energías renovables. Y podríamos seguir.

El Poder Ejecutivo remite el decreto al Congreso. La Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete envía el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación dentro de los diez días. Luego, la comisión debe despachar en un plazo de diez días. Si el Jefe de Gabinete no remite en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos, la Comisión se avoca de oficio a su tratamiento.

Posteriormente, el dictamen al que se llegue debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para su derogación se requiere el rechazo expreso de la mayoría absoluta (mitad más uno) de las dos Cámaras. Solo pueden rechazarlo o aceptarlo, pero no pueden modificarlo. En simultaneo, más de 500 intendentes presentaron amparos ante el Poder Judicial; las centrales obreras también hicieron lo propio también. Sectores medios y trabajadores ya se han manifestado en la calle con cacerolazos, ruidazos. La CGT está convocando a un paro y movilización el 24 de enero para el que esperan 1 millón de personas; el paro más rápido que le hace a un gobierno desde el retorno a la democracia.

La necesidad y la urgencia de tomar medidas que estabilicen ciertos sectores de la economía, es central. La inflación, la informalidad, la distribución del ingreso son de vital importancia modificar el escenario para vivir mejor; pero aquí nos encontramos con medidas que nada tienen que ver con eso. Incluso nos preguntamos qué tiene que ver que se habiliten las Sociedades Anónimas Deportivas con todo esto, como para citar un ejemplo. 

Mientras la opinión pública corre atrás del megaproyecto de ley, hoy 29 entra en vigencia el DNU que contiene, entre otras cosas, todo esto que mencionamos recién. El Tambor, nuevamente, recoge el guante y se hace cargo de seguir siendo un espacio de compartir ideas, de defender una manera de pensar y de vivir, abriendo sus páginas a todo el que desee escribir y compartir miradas. Si de libertad de expresión se trata, pretendemos que el repique del tambor, siga sonando por las calles de Montserrat.